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 Las ocasionales injusticias de los procesos por libelo estimularon la crítica liberal a las normas existentes, y en 1851, se aprobó la ley 2100, que estableció que era “completamente libre la expresión del pensamiento por medio de la prensa” y derogó las normas sobre libelo. Este principio fue reiterado en las constituciones de 1853 y 1858 con algunas restricciones, como la que mantuvo la libertad de expresión en la prensa, “sin limitación alguna” pero señaló que la expresión oral quedaba sujeta a restricciones legales. ¿Estaba con ello reconociendo el carácter más inmediato de la incitación oral frente a la calma en la que se presumía que se hacía la lectura? ¿Se temía más el discurso público, que podía encender las pasiones temibles del pueblo, que un texto que sólo podía leer la pequeña minería de alfabetos? La constitución de 1858 es notable por usar la expresión, “sin responsabilidad de ninguna clase”. La formula se repitió en el Pacto de Unión de 1861 y en la constitución de 1863 se dijo que la libertad de imprenta era “absoluta” y que los ciudadanos tenían el derecho a expresar sus opiniones “sin limitación alguna”.
A pesar de que estas normas fueron consideradas por los comentaristas conservadores de fin de siglo, en particular don José María Samper y Miguel Antonio Caro, como puertas al libertinaje de la prensa, los estudios existentes no muestran una situación diferente a la que había regido antes. Aunque desaparecieron los juicios por libelo, la prensa, si se la compara con la de los años veintes o treintas, parece, contra lo que podía esperarse, más moderada y menos calumniosa.